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viernes, 3 de febrero de 2017

Tratamiento fiscal de la devolución de la cláusula suelo

El pasado día 21 se ha publicado el Real Decreto-ley 1/2017 de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo.

Dicha norma tiene por objeto el establecimiento de medidas que faciliten la devolución de las cantidades indebidamente satisfechas por el consumidor a las entidades de crédito por intereses.

1.    Medidas previstas para agilizar estas devoluciones sin necesidad de acudir a los tribunales:
a.     Obligar a las entidades de crédito a implantar un sistema de reclamación previa gratuito para el consumidor.
b.     Disponer de un departamento especializado para atender reclamaciones y darlo a conocer.
c.     Efectuar el cálculo de la devolución que corresponde.
d.     Obligación de informar a la AEAT de los importes.

2.    Reducción de aranceles notariales y registrales correspondientes, de manera respectiva, a un documento sin cuantía y a una inscripción mínima, cualquiera que sea la base.

Por lo que se refiere a la vertiente tributaria de estas devoluciones, establece su tributación en IRPF de las devoluciones originadas por la cláusula suelo, ya sean producto de acuerdos regulados en esta norma, por sentencias judiciales o por laudos arbitrales.

  • No se integra en el IRPF ni la devolución obtenida ni los intereses indemnizatorios que se satisfagan al contribuyente.
  • Si los intereses constituyeron base de la deducción por adquisición de vivienda, dichas deducciones se sumarán a la cuota líquida estatal y autonómica del ejercicio en el que se hubiera celebrado el acuerdo, pero solo los correspondientes a ejercicios no prescritos y sin añadir intereses de demora.
Si la forma de resarcir al cliente por la entidad de crédito consistiera en reducir el préstamo pendiente, ni habrá que sumar las cantidades deducidas en años anteriores ni el contribuyente podrá deducir por dicha minoración del préstamo.
  • Si los intereses indebidamente cobrados se dedujeron en la base de las declaraciones por IRPF de ejercicios anteriores, la devolución de los mismos obliga a la presentación de declaraciones complementarias de los ejercicios no prescritos, sin recargos, sanciones ni intereses de demora. .
En el caso de intereses pagados en 2016, si el acuerdo se consigue antes del 30 de junio de 2017, dichos intereses no formarán parte de la base de las deducciones por adquisición de vivienda ni serán gastos deducibles en la Renta 2016.

Modificaciones en el PGC

El pasado día 17 de diciembre se publicó el Real Decreto 602/2016 que modifica el PGC, el PGC de pymes, las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y la Adaptación del PGC a las entidades sin ánimo de lucro.
Los cambios más reseñables, con efectos para ejercicios iniciados a partir de 1 de enero de 2016, son los siguientes:
1. Simplificación de las obligaciones de las PYMES
 Ampliación de límites para acogerse al PGC de pymes para entidades que puedan formular balance abreviado.
El estado de cambios en el patrimonio neto deja de ser obligatorio.
Se reduce la información a incluir en la memoria.
   2. Cuentas anuales de un grupo de sociedades.
Si la empresa forma parte de un grupo de sociedades, la cuantificación de los importes para presentar balance y cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, se realizará sumando las cifras del activo, importe neto de la cifra de negocios y número medio de trabajadores del conjunto de entidades que conforman el grupo.
Esta regla no será de aplicación cuando la información financiera de la empresa se integre en las cuentas anuales consolidadas de la sociedad dominante.
3. Nuevo tratamiento contable de los inmovilizados intangibles. Especial referencia al fondo de comercio.
Los intangibles respecto de los cuales no pueda estimarse con fiabilidad su vida útil se deben de amortizar en plazo de 10 años. En concreto, en el fondo de comercio además se establece una presunción, que admite prueba en contrario, de que se recupera de manera lineal en 10 años, con lo que la empresa se evita la tarea de justificar la vida útil de este elemento.
También en relación con el fondo de comercio y demás intangibles se regula la forma de proceder por norma transitoria: el valor en libros de estos elementos al cierre del período anterior se amortizará hacia el futuro siguiendo los nuevos criterios. La reserva por fondo de comercio se reclasificará a reservas voluntarias en el importe que supere el fondo de comercio.

Se da otra opción, amortizar estos activos con cargo a reservas según la vida útil desde la adquisición, minorándose, en su caso, el cargo por amortización resultante en la pérdida por deterioro reconocido por la empresa. La amortización posterior se realizará siguiendo los nuevos criterios, suponiendo que la vida útil restante será el período que falte para completar 10 años de vida útil.

miércoles, 3 de julio de 2013

Comienza la campaña del Impuesto de Sociedades

Desde el 1 de julio está en marcha la Campaña del Impuesto sobre Sociedades, que se devenga el último día del periodo impositivo (que coincide con el ejercicio económico de la entidad) y cuya declaración debe efectuarse dentro de los 25 días naturales siguientes a los seis meses posteriores a la conclusión del período impositivo, por lo que, para los sujetos pasivos cuyo ejercicio económico coincida con el año natural, el plazo de presentación de declaraciones queda fijado en los veinticinco primeros días naturales del mes de julio.

Para la declaración del Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes (establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español) correspondiente a los periodos impositivos iniciados en el año 2012 existirá un único modelo de declaración, el modelo 200
Para grupos fiscales existe un modelo específico de declaración, el modelo 220.

Desde la campaña de 2011 ya no existe el formato del modelo 200 pre impreso en papel.


La presentación por Internet es obligatoria para las entidades que tengan la forma jurídica de SA o SL, así como para los sujetos pasivos que se califiquen como grandes empresas (adscritos a la Delegación Central de Grandes Contribuyentes o a las Unidades de Gestión de Grandes Empresas).

jueves, 13 de junio de 2013

Cambios en la ley de alquileres

En el BOE del pasado miércoles 5 de Junio, se publicó la ley 4/2013 de medidas de flexibilización y fomento del mercado de alquileres.
Las principales novedades que introduce respecto de la normativa hasta ahora vigente:

Plazo del arrendamiento de viviendas. Sigue siendo de libre pacto, pero ahora la norma establece un plazo mínimo de tres años en lugar de los cinco que marcaba la normativa anterior.
Dicha prórroga en beneficio del arrendatario es anual, pero el inquilino puede renunciar al contrato y dejar el piso, en el momento del inicio de la segunda y tercera anualidad, con un preaviso de treinta días.
Cuando hayan transcurrido tres años desde la firma, cualquiera de las partes podrá resolver el contrato con preaviso de treinta días.
En estos casos no habrá penalización alguna.
Prórroga. Pasados los tres años del contrato este se prorroga durante un año más, y sólo por una vez.
Transcurridos esos plazos, el inquilino no está obligado a marcharse, pero su contrato es mensual, ya que paga la renta mensualmente.
Fianza. A partir de los 3 años, el propietario puede exigir al arrendatario que le incremente la fianza para que siga suponiendo una mensualidad.

Necesidad. El propietario puede recuperar la vivienda antes de esos tres años.
Pasado el primer año, el propietario puede comunicar que necesita la vivienda para él o para sus hijos o padres. Incluso para su cónyuge separado. Notificada esa necesidad, el inquilino debe dejar el piso en el plazo de dos meses desde que se le remite el requerimiento por parte del propietario.
La ocupación por parte del arrendador o pariente, debe ser efectuada en el plazo de tres meses, ya que de lo contrario el inquilino puede optar entre volver al piso o a ser indemnizado por las molestias y gastos que se le ocasionaron.
Renuncia del arrendatario. Se podrá establecer en el contrato que el inquilino deberá indemnizar al propietario en una mensualidad por cada período anual que le quede para cumplir las tres anualidades; la fracción de la anualidad supondrá fraccionar la indemnización al propietario.
Esto siempre que lo haga a partir de los 6 meses desde que entró en el piso. Si lo hace antes debe pagar las rentas que le faltan por cumplir hasta los 6 meses.
Venta de piso arrendado. Si se vende un piso arrendado, el nuevo comprador sólo está obligado a respetar el contrato si el arriendo está inscrito en el Registro de la Propiedad.
Si no lo está, el inquilino puede exigir que se le permita estar en la vivienda tres meses desde que se le notifica, por parte del nuevo propietario, que debe dejar el piso.
Divorcio o separación. El cónyuge separado o divorciado podrá continuar con los derechos del arrendatario si tiene una sentencia que le atribuye el uso de la vivienda arrendada. Deberá notificarlo a la propiedad pero ésta deberá respetar el contrato inicial.
Muerte del arrendatario. Si el arrendamiento es inferior a tres años, el heredero del inquilino puede subrogarse en la posición del arrendatario fallecido. Pero si se pacta un arrendamiento superior a los 3 años puede pactarse que el heredero no se subroga y que, por tanto, el arrendamiento se extingue por fallecimiento del arrendatario, transcurridos los 3 años del arriendo.

Carencia. Al igual que en la Ley anterior, puede pactarse una carencia en el alquiler de viviendas a cambio de que se hagan obras de reforma o de rehabilitación en el piso. También en locales.
La novedad es que ahora puede pactase expresamente y se considera una forma de pago de la renta: con la realización de obras de reforma y de rehabilitación.
Ahora bien, con este pago, si el inquilino no ejecuta las obras, entonces el propietario puede instar demanda por falta de pago de la renta.
Al finalizar el arriendo el arrendatario no puede exigir compensación al propietario por esas obras.
Actualización de la renta. Se permite cualquier pacto en este sentido, pudiendo pactar que cada año se incrementa en un porcentaje o en una cantidad.
Si no se pacta nada, entonces se aplica supletoriamente el IPC.
Obras en la finca. A partir de los 3 años de arriendo, y si el inquilino continua en la vivienda, el propietario podrá repercutir el interés legal + 3 puntos del capital que ha invertido en los casos en que las Comunidades de Propietarios acuerdan obras de rehabilitación de fachadas, mejora de ascensores, cubiertas, etc.

Obras del arrendatario. El arrendatario no podrá practicar obras en la finca, pero si lo hace, el propietario puede exigir que al finalizar el arriendo las reponga al estado anterior, incluso si las ha efectuado con motivo de problemas de movilidad del arrendatario.

Desahucios. El lanzamiento podrá ser más rápido ya que si el arrendatario no paga en los diez días que se le concede, se fijará el lanzamiento de forma urgente.

Registro de morosos. Se crea un Registro por el cual se inscribirán las Sentencias firmes en los juicios de desahucio por falta de pago (con una vigencia de 6 años)
Constará el nombre del arrendatario y su deuda.
Dicha sentencia la remitirá el propio Juzgado y no el propietario. A este Registro tendrán acceso los propietarios que deseen alquilar.

Ayudas públicas. Se prevé en la Ley que el Gobierno creará un Plan de ayudas públicas tanto para fomentar el acceso al alquiler como para efectuar obras por parte de propietarios.

La Ley entra en vigor el 6 de junio, pero sólo se aplicará a los contratos que se celebren a partir de esta fecha.
También se aplicará a los juicios de desahucio que se insten a partir de ahora.